La imagen del LPD-93 "Magallanes" deslizándose hacia el agua en Talcahuano es, sin duda, una buena fotografía para cualquier portada. Pero reducir lo ocurrido este 18 de junio a la botadura de un buque es quedarse con la parte menos interesante de la historia. Lo verdaderamente relevante no es el acero que ahora flota, sino la decisión política que lo hizo posible: un Plan Nacional Continuo de Construcción Naval que apuesta, por primera vez de forma explícita, a que Chile no vuelva a depender exclusivamente de astilleros extranjeros para sostener su poder naval.
Construir un barco es relativamente fácil si se tiene el dinero para comprarlo afuera. Lo difícil —y lo que de verdad distingue a un país con soberanía industrial de uno sin ella— es mantener viva, década tras década, la cadena de ingenieros, soldadores, proveedores y centros de diseño capaces de producir esa tecnología en casa. Esa capacidad, una vez perdida, no se recupera con un decreto ni con una inversión puntual: toma generaciones reconstruirla. Ahí radica el valor del anuncio chileno. No se trata de construir un buque, sino de evitar volver a perder la capacidad de construirlos.Hay también un argumento geográfico que en este caso va más allá del discurso oficial. Un país con proyección sobre América del Sur, la Polinesia y la Antártica necesita medios propios para abastecer, transportar y responder ante emergencias en zonas extremas, sin depender de la disponibilidad o la buena voluntad de terceros. Un buque multipropósito capaz de apoyo logístico, ayuda humanitaria y transporte de tropas no es un lujo militar: es infraestructura de Estado tan necesaria como una carretera o un puerto.
El rédito más interesante, sin embargo, es el industrial. Cada unidad construida en territorio nacional, con participación de universidades, empresas locales y organismos estatales, deja algo más valioso que el propio barco: empleo calificado, transferencia tecnológica y una base de proveedores que luego puede servir a otros sectores. Es la diferencia entre comprar una solución y construir una capacidad. La primera resuelve un problema; la segunda genera un ecosistema.
Dicho esto, conviene no perder la mesura. Un plan "continuo" se demuestra con continuidad, no con un solo buque botado bajo una administración específica. La historia de la industria naval latinoamericana está llena de proyectos que arrancaron con entusiasmo y se desinflaron ante el primer recorte presupuestario o cambio de prioridades. El verdadero examen de este plan no se rendirá en Talcahuano esta semana, sino en los próximos veinte años: en si Chile sostiene el financiamiento, forma a la siguiente generación de especialistas y, sobre todo, en si el modelo sobrevive a los cambios de gobierno que son inevitables en cualquier democracia.
El Magallanes no debería leerse como un hito de poder militar regional. Debería leerse como la primera prueba —apenas la primera— de si Chile es capaz de sostener una política industrial de largo aliento en un sector donde la tentación de cortar costos en tiempos difíciles siempre está a la vuelta de la esquina.

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